LÍDERES SOCIALES Y ACTIVISTAS SALUDAN ACUERDO PRODUCTO DE LA LUCHA DEL PUEBLO DE ISLAY

NOTA DE PRENSA

LÍDERES SOCIALES Y ACTIVISTAS SALUDAN ACUERDO PRODUCTO DE LA LUCHA DEL PUEBLO DE ISLAY

El caso del proyecto Tía María ilustra la problemática en torno a los conflictos generados por la imposición sin consulta de la minería en nuestro país. Así lo expresaron líderes sociales de la provincia de Islay (Arequipa) y de organizaciones nacionales, así como especialistas que participaron de una conferencia de prensa este mediodía. Los participantes saludaron la resolución pacífica del conflicto y el nivel de organización y la capacidad de diálogo mostrada por la población del valle de Tambo, y al mismo tiempo lamentaron que el Gobierno haya esperado a que el problema llegue al máximo nivel de tensión para recién dialogar. Además, exigieron que se cumpla con los acuerdos y que cese la persecución judicial contra dirigentes sociales y la criminalización de la protesta.

Pepe Julio Gutiérrez, dirigente del Frente de Defensa y del Medio Ambiente de Cocachacra, se comunicó por vía virtual y expresó su satisfacción por el acuerdo logrado que “en gran parte satisface las demandas del pueblo del valle de Tambo” y que se logró al séptimo día de una “contundente paralización” en la que participaron unas 15 mil personas. Saludó el compromiso de declarar intangibles las aguas superficiales y subterráneas del valle que la empresa Southern Copper Corporation pretendía utilizar, así como de construir la represa de Paltiture. También resaltó la suspensión por 90 días del proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que permitirá trabajar en forma más amplia las observaciones del caso. Gutiérrez también señaló que él y otros dos dirigentes de la zona se encuentran denunciados por “apología al terrorismo” e inclusive con orden de captura por acusaciones falsas vertidas por funcionarios del Gobierno, y confió en que se cumplan los acuerdos de la mesa de diálogo entre los cuales está el de levantar las denuncias existentes.

Por su parte José de Echave, doctor en economía y experto en temas mineros, explicó que el tema de fondo es “el crecimiento caótico y desordenado de las concesiones mineras” y mostró cifras en mano cómo el 55,8% de la provincia de Islay tiene denuncios mineros activos o en trámite, y el 62,5% del distrito de Cocachacra se encuentra en la misma situación. Este crecimiento descontrolado está causando conflictos no sólo en Arequipa sino en todo el país, siendo algunos casos emblemáticos los de Huancabamba (Piura), Chumbivilcas (Cusco) y Condorcanqui (Amazonas). De Echave señaló que los instrumentos de evaluación ambiental “han colapsado”, que hay serias dudas acerca de la calidad técnica de los EIA y que incluso un informe del Banco Mundial alerta sobre la poca capacidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de revisar adecuadamente dichos estudios. Por último, señaló que las audiencias públicas para aprobar los EIA no son consultas ciudadanas, puesto que se convocan sin la anticipación debida y el MEM no está obligado a tomar en cuenta las opiniones de los asistentes.

Magdiel Carrión, vicepresidente de CONACAMI, se preguntó por qué el Gobierno espera a que haya medidas de fuerza para que haya diálogo, y remarcó que el pueblo no se levanta por gusto sino porque se atropellan sus derechos y no se les consulta. Carrión exigió que se respete el derecho de cada pueblo a decidir su propio modelo de desarrollo. En tanto Miguel Jugo, de APRODEH, denunció que en lo que va del 2010 ya hay 14 civiles muertos en conflictos sociales, y en lo que va del gobierno de Alan García suman 42, esto sin contar a los Policías ni a los heridos. Jugo dijo que no se puede tolerar que esto siga ocurriendo y demandó que se derogue la normativa que permite a las fuerzas del orden un uso excesivo de la fuerza. Por último, Luis Izarra, secretario de Defensa de la CGTP, pidió que la Mesa de Diálogo no sea una nueva mecedora, que se cumplan los acuerdos y que cesen inmediatamente las persecuciones y las órdenes de captura contra los líderes sociales.

Los participantes remarcaron que el caso de Islay demuestra que sí es posible el diálogo y que es necesario implementar mecanismos claros de consulta, información y participación de la población sobre decisiones que afectarán sus vidas.

Comité de apoyo a la lucha del pueblo de Islay